La propuesta consiste en la adición de un párrafo final al artículo 41 de la Constitución Política, con el fin de establecer de manera expresa que las víctimas de delitos son sujetas de derecho en el proceso penal, con garantía de acceso a la justicia, reparación integral y, en los casos que determine la ley, asistencia legal gratuita en condiciones de igualdad y dignidad.