El proyecto tiene como propósito fundamental equiparar la posición jurídica y procesal de las víctimas respecto a la persona imputada en el marco del proceso penal, asegurando una participación efectiva y equitativa de las víctimas en todas las etapas procesales, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia. La reforma busca consolidar un modelo de justicia penal integral que garantice los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, reconociendo especialmente a las víctimas como sujetos activos de derecho y no meramente como receptores pasivos del sistema de justicia.