El proyecto propone que para efectos de la solicitud del servicio de agua potable, no podrá exigirse ni será necesario presentar el título de propiedad registrado, y establece una serie de equivalentes al título de propiedad. Además, establece que en el caso de las concesiones de agua otorgadas para uso residencial, se prohíbe expresamente la constitución de hipoteca legal o cualquier otra forma de garantía real sobre los bienes inmuebles del usuario por razón del incumplimiento en el pago de los servicios públicos relacionados con dicha concesión.