El proyecto plantea una reforma integral a la Ley del Expediente Digital Único de Salud (Ley 9162) que preserva sus principios rectores y su declaratoria de interés público, e introduce precisiones y desarrollos adicionales como: la definición de usos legítimos y proporcionales de los datos; la inclusión de fines secundarios como la investigación, la innovación y la formulación de políticas públicas en salud bajo control institucional; la actualización de las competencias institucionales para la administración del sistema; y la regulación de mecanismos de control, acceso y aprovechamiento de la información.