El proyecto propone reformar la Ley N.°10.359, para ampliar el alcance de la ley para incluir a las personas en situación de discapacidad como beneficiarias; aplicar obligatoriamente el uso de herramientas tecnológicas y registros oficiales (como SINIRUBE) para validar la condición de pobreza; brindar seguridad jurídica y mecanismos claros a las municipalidades para aplicar condonaciones y exenciones fiscales sin comprometer su estabilidad financiera; y contribuir al principio de equidad tributaria, eliminando barreras fiscales para sectores históricamente excluidos.