La presente iniciativa legislativa surge de la necesidad de reforzar los mecanismos democráticos y de control social en la toma de decisiones ambientales que afecten particularmente, los bienes de dominio público. En Costa Rica, estos bienes, como ríos, playas, humedales, parques nacionales, montañas y zonas marítimo-terrestres, pertenecen a la colectividad, y su protección no solo responde a una función ecológica, sino también a un principio de soberanía popular sobre los recursos comunes.