El proyecto pretende establecer una amnistía por el plazo de seis meses, a partir de la vigencia de esta ley, para inscribir y registrar los pozos que, a la fecha de su entrada en vigor, hayan sido perforados y no se encuentren registrados ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y que puedan optar por la concesión para utilizar el recurso hídrico para el abastecimiento de agua a la comunidades por parte de los operadores de servicio público por ley o por delegación emitida por el AYA.