El proyecto propone excluir de la aplicación de la regla fiscal los recursos que se asignan de las costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social para el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial y para el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, y establece que esos recursos deben no pueden ser reducidos ni utilizados para otros fines.