El proyecto busca regular el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos electorales costarricenses, estableciendo que si se usa en la producción de contenido deberá estar debidamente señalado, así como prohibiendo su uso para la realización de Deep fakes, perfiles automatizados para simular interacción humana, estrategias de microfocalización publicitaria o para generar contenido contra la confianza en la integridad del proceso electoral. Además, establece sanciones de diez a cincuenta salarios base por el incumplimiento de la normativa.