En esta propuesta de ley se pretende modificar los requisitos para que las personas obligadas a pagar pensión alimenticia, para que por medio de la autorización de un juez de Pensiones Alimentarias pueden salir del país, por razones justificadas y debidamente acreditadas, a quienes tengan al menos dos años de tener pensión alimentaria judicializada y no hayan incumplido ningún pago mensual, sin necesidad de dejar depositados los meses de cuotas que les corresponde actualmente.