El proyecto propone modificar algunos artículos del Código Procesal Penal, de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que sea necesario modificar otras normativas (como la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la Ley de la jurisdicción especializada contra la Delincuencia Organizada), para fijar criterios de admisibilidad que sean un filtro efectivo para el conocimiento de las casaciones penales; establece que el recurso extraordinario de casación (que se diseña siguiendo los requerimientos dogmáticos de esta materia) solo procede en delitos cuando la pena total fijada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para una persona o delito sea de prisión de 15 años de prisión en adultos o, en lo penal juvenil, se imponga una sanción de internamiento en centro especializado de ocho o más años. Asimismo cuando, con independencia de la pena, las sentencias impugnadas emanen de procesos en donde hubo declaratoria expresa de delincuencia organizada o estén relacionados con el terrorismo o la legitimación de capitales. Además, se limita la cantidad de abogados o abogadas asistentes a un máximo de dos por cada plaza de magistratura. Este proyecto fue presentado por Rosaura Chinchilla Calderon al Departamento de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa