El proyecto propone reformas a la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles para que se definan reglas claras que le permitan a los operadores de justicia aplicarlas de manera segura y clara, llenando los vacíos legales que generan inseguridad jurídica y afectan a las partes del proceso y a las mismas personas menores de edad que pretende regular.