Con esta propuesta de ley se busca resolver un problema urgente y creciente en Costa Rica: el aumento de los delitos financieros y las estafas electrónicas, que afectan tanto a la estabilidad económica como a los sectores más vulnerables de la sociedad. Al proporcionar al OIJ y al Ministerio Público las herramientas necesarias para investigar estos delitos de manera eficaz, en colaboración con otras entidades del Estado, y respetando los derechos fundamentales, este proyecto de ley establece un marco sólido y constitucional para combatir el fraude financiero y fiscal en el país.