El proyecto introduce la extorsión sexual en el Código Penal, y estableciendo una pena de prisión de 4 a ocho años a quien amenace o intimide con la difusión, distribución, divulgación y publicación de videos, imágenes o cualquier otro material de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, con el propósito de causarle daño, humillación o cualquier otra forma de perjuicio.