El proyecto pretende Potenciar el ejercicio de derechos sociales y económicos de las personas que utilicen esquemas de financiamiento crediticio; coadyuvar a la mejor administración de los riesgos crediticios tanto de los proveedores de crédito privado como de los intermediarios financieros, aspecto clave para alcanzar y mantener la solidez, estabilidad y eficiencia del sistema económico y del sistema financiero; así como propiciar el intercambio de información de interés crediticio para la toma de decisiones informadas y en respeto a las normas de protección de los datos personales.