El objetivo del proyecto es regular la introducción, distribución y tenencia de dispositivos tecnológicos dentro de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional, con el fin de prevenir el uso indebido de tecnología por parte de las personas privadas de libertad. Según su iniciativa, el ingreso de esos dispositivos se sancionaría con multa de 10 salarios base y la prohibición de visitar cárceles por un año, mientras que los privados de libertad que tengan esos dispositivos o no denuncien a sus compañeros que tengan esos dispositivos serían sancionados con 2 años de cárcel.