El proyecto pretende permitir a los funcionarios policiales usar las armas prohibidas del inciso a del numeral 25 de la Ley de Armas sin requerir permiso especial del Poder Ejecutivo, como está actualmente. Además, con esta iniciativa de ley se extiende la inhibitoria a portar armas que tienen ciertas personas a las municiones. Hoy en día no pueden portar armas, pero sí munición. Con este proyecto no podrán portar munición tampoco. A su vez, las personas físicas y jurídicas deberán además de inscribir armas, registrar la carga de munición. Adicionalmente, en el caso de los permisos de portación de armas y el permiso para importar hasta quinientos tiros por parte de portadores de armas inscritas se dota al Ministerio de Seguridad Pública de un pago de 5 mil colones por permiso de portación o de importación, y por los permisos de fabricar, importar, exportar y comercializar armas de fuego permitidas, municiones y explosivos, que se darán por año y por permiso la cartera recibirá 10 mil colones. También pena con 1 a 5 años de pena privativa de libertad el comerciar o internar al país armas o munición con defectos de forma.