Este proyecto de ley propone flexibilizar la definición del microcrédito, establecida en el artículo 36 Bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera incrementar el tope para pasarlo de 1,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, a 3 veces ese salario base de referencia. Este aumento fijaría el monto máximo del microcrédito, actualmente, en ¢1,386.600 colones, en lugar del monto máximo actual, que es ¢693,300.00 colones.