El proyecto pretende crear el Registro Público de los Sentenciados por Delitos Sexuales, Trata de Personas y Turismo Sexual. Le da acceso al registro al Poder Judicial; el Patronato Nacional de la Infancia; el Sistema de Emergencias del 911; las Municipalidades del país; Instituto Costarricense de Turismo, todos los cuerpos policiales del país; así como instituciones públicas y privadas de educación y salud, previa solicitud ante el Registro Judicial. Establece que las personas condenadas deberán actualizar anualmente la información del registro hasta 50 años después de cumplida su condena por delitos Sexuales, de Trata de Personas y/o de Turismo Sexual.