Este proyecto pretende evitar el abuso de las partes con solvencia económica que delegan el ejercicio de la acción civil en el Ministerio Público, y ante la necesidad de regular la distribución sobre las resultas del proceso de ejecución de las pretensiones civiles cuando se trata de víctimas-actoras civiles representadas por la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (en adelante ODCV), adscrita al Ministerio Público a saber, cuando se trata de personas que no cuentan con solvencia económica para contratar a un profesional en Derecho, en procura de garantizar la protección de los derechos civiles de las víctimas de delito y posibilitar el principio constitucional de acceso a la justicia.