La presente iniciativa crea el tipo penal de “extorsión agravada” y lo incluye en el artículo 9 de la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las comunicaciones, a efectos de que las autoridades judiciales tengan mejores herramientas para la investigación y persecución penal de esta execrable práctica que adolece tan gravemente a la sociedad costarricense hoy en día.