Elimina la obligación de la Contraloría General de la República de no aprobar ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuar modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público si no se encuentran al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, elimina la obligación de los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, de estar al día con la CCSS para trámites administrativos.