Propone una modificación a la distribución del impuesto a la madera, e introduce que la transferencia de esos recursos se debe hacer contra informe de ejecución presupuestaria. La distribución quedaría de la siguiente manera: 40% para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal; 25% para el Sistema Nacional de Areas de Conservación; 10% a la Oficina Nacional Forestal; el 7% para proyectos en materia forestal que presenten al SINAC las municipalidades, ONG y otras organizaciones; 6% para la operatividad de los CORAC y Consejos Locales de ASP y Consejos Locales Forestales; el 4% para apoyar el financiamiento de las plataformas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del Centro Nacional de Información Geo Ambiental (CENIGA); 3% para la Oficina del Contralor Ambiental; y el 2% para a fiscalización de los regentes forestales. Y en caso de que el recurso forestal sea aprovechado en un territorio indígena constituido por inmuebles de dominio particular, el 3% corresponderá a la asociación indígena del lugar.