El proyecto pretende modificar la fórmula de cálculo del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, estableciendo que el valor fiscal para calcular el impuesto no podrá “sin un informe público comparativo del precio de mercado, por medio de una lista previa por modelo y por año, que deberá hacerse público en el mes de agosto donde, en caso de apelación, la carga de la prueba corre por cuenta de la administración y se garantizarán los recursos de ley”.