Este proyecto de ley viene a plantear, en una primera instancia, incluir un esquema de circunstancias que permitirían a la persona juzgadora, una vez que se hayan examinado los hechos y las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa técnica, valorar la imposición de penas proporcionales, que van de los tres a los cinco años, para las conductas no violentas que se ajusten a las circunstancias de involucramiento y perfil de la persona ofensora que el legislador considera puedan ser sancionadas en el marco de este artículo. Tiene como antecedente el expediente N.º 20.322, presentado por el exdiputado Marco Vinicio Redondo Quirós (2014-2018), que fue tramitado en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Dicho proyecto de ley fue archivado, de ahí surge la necesidad de retomar esta importante propuesta, incorporando las observaciones del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a este expediente, en los términos que se exponen a continuación.