Esta ley tiene como objetivo regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. Además, busca proteger a las personas del vínculo con el comercio ilegal de cannabis, el narcotráfico y el crimen organizado, así como de las consecuencias para la salud, sociales y económicas de un uso problemático de sustancias psicoactivas. [Mediante sentencia 2024-035449, la Sala Constitucional declaró que este proyecto de ley es INCONSTITUCIONAL por contravenir la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes –aprobada por ley n.°4544, de 18 de marzo de 1970–, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas –aprobada por ley n.°4990, de 10 de junio de 1972–, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas –aprobada por ley n.°7198, de 25 de setiembre de 1990–, lo que supone una infracción al artículo 7 de la Constitución Política]