Este proyecto de ley pretende establecer un marco de legalidad para los jueces y juezas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este marco de legalidad les permitirá exigir la motivación del acto administrativo que solicite la ‘apertura del secreto bancario’ y, de esa forma, ejercer la jurisdicción tutelando la seguridad jurídica de los derechos al debido proceso y al de defensa, que deben proteger al contribuyente de conformidad con el Artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, frente a las potestades de control, fiscalización y recaudación que ostenta la Administración Tributaria de conformidad con el Artículo 103 de este mismo cuerpo normativo.