Le da la potestad al Tribunal Supremo de Elecciones de sancionar a las y los ciudadanos que injustificadamente incumplan la función cívica primordial y obligatoria de emitir su voto en las elecciones que estén bajo su responsabilidad. Crea una multa de uno a tres salarios base, a quién sin tener una justificación válida según reglamento emitido por el Tribunal de Elecciones, no se presente a la Junta Electoral que le corresponda el día de las elecciones, para emitir su voto.