La presente iniciativa busca el reconocimiento de los cuidados como derecho constitucional en Costa Rica, con el fin de contar con un precepto general que habilite la creación de normas especiales y políticas públicas en beneficio de las personas vinculadas con la economía de los cuidados. Lo anterior de forma complementaria con la protección social que la carta magna brinda a la niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas trabajadoras.