Añade funciones a las auditorias internas de las instituciones, para que deban incluir dentro de sus planes de trabajos anuales sobre los montos de subejecución por partidas presupuestarias y deberán investigar y justificar la razonabilidad de los recursos financieros no ejecutados y si estos fueron o no financiados con deuda y el impacto o efecto en el gasto financiero por concepto del pago de intereses que deberá asumir el Ministerio de Hacienda en la administración de la Deuda Pública total. Además, señala que esos informes de auditorias internas deberán formar parte de la memoria anual que entrega la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa.