Adiciona al artículo 22 del Código Procesal Penal (Ley N° 7594) un nuevo inciso, que permita facilitar la persecución y sanción de los delitos relacionados con formas de corrupción que atentan contra la institucionalidad costarricense. Se propone un inciso que permita al Ministerio Público no perseguir al funcionario público o privado que delate hechos y personas cuyas conductas encuadren en delitos contra la Administración de Justicia, los Deberes de la Función Pública, la Hacienda Pública o el Deber de Probidad; siempre y cuando tal denuncia resulte útil, pertinente y eficaz para la persecución de los delitos cubiertos por esta norma y pruebe la participación más grave de otras personas en los hechos denunciados. El catálogo de delitos que se incluyen en la propuesta obedece a la necesidad de cubrir todos aquellos casos que afectan de manera general el deber de probidad en la función pública y específicamente relacionados con delitos de carácter funcional en los que el papel del funcionario público resulta indispensable para la comisión de estos delitos.