Pretende este proyecto que los menores precios de los combustibles al consumidor final permitan la reactivación y el impulso empresarial, permitiendo que los empresarios de la distribución final tengan márgenes de intermediación flexibles y acotados en los porcentajes que se agregan al precio final después de su nacionalización y en especial en el margen determinado por la Autoridad Reguladora (ARESEP).