Propone introducir una excepción a lo dispuesto en la Constitución Política con el fin de que los préstamos o acuerdos con organismos internacionales que correspondan únicamente a un cambio en la fuente de financiamiento de la estructura de gastos ya existente y aprobada por la Asamblea Legislativa en el respectivo presupuesto vigente, no requieran de aprobación legislativa.