El presente proyecto busca regular estas situaciones que no están previstas en la ley, cuyo objetivo es que la población con discapacidad pueda encontrar amparo y respaldo normativo en la norma, además, que las instancias correspondientes acá reguladas y nombradas, no encuentren excusa para su no implementación. Primeramente, el tema de vivienda, cuando las instituciones correspondientes brindan los servicios de vivienda, en ocasiones no toman en consideración circunstancias como que alguno de los miembros posea o pueda poseer alguna discapacidad, esto posterior al otorgamiento. Por lo que se requiere el adecuar la vivienda, o en casos previos a su construcción, que el terreno donde esta se va a construir, sea apto para las personas a las cuales va destinada, ello según sus necesidades. Por otro lado, el tema de la participación es vital, una sociedad la componen todos y todas, y cada uno de los ciudadanos que en ella residen, una sociedad igualitaria, inclusiva y equitativa, genera mecanismos para que se pueda tomar en cuenta los criterios y opiniones de sus ciudadanos, pero lo más importante es que todos puedan participar. Es decir, que existan los espacios para elegir y ser electos, que las estructuras partidarias incentiven la participación de las personas con discapacidad, donde puedan incluso ocupar cargos de elección popular y no sean relegados a puestos de menor relevancia. Por último, el tema del acceso a los servicios financieros, que no se encuentran regulado en la Ley N.° 7600, lo que se pretende es que las personas con discapacidad encuentren amparo cuando sean víctimas de discriminación, producto de su condición; además, que las entidades financieras se vean obligadas a cumplir con condiciones mínimas tanto en sus instalaciones como en los servicios que brindan.