El objetivo de esta iniciativa es establecer que la contribución estatal a los partidos políticos servirá no sólo para cubrir los gastos sino también las inversiones –como lo sería la adquisición de bienes muebles e inmuebles– que genere su participación en los procesos electorales, así como para satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Además se dispone que los recursos a que tenga derecho constituirán parte integral de su patrimonio y podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines en aras de que se consoliden como estructuras permanentes.