Este proyecto de ley pretende fijar un plazo de 6 meses para que el TSE emita la resolución final sobre la liquidación aprobada de los gastos para cada partido político que participó en los distintos procesos electorales, contado a partir del cumplimiento de todos los requisitos que exigen tanto el Código Electoral como el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, pudiendo prorrogarse este plazo por una única vez y por un periodo idéntico, con el fin de que aquellos casos que, por su complejidad, requieran una revisión más exhaustiva, puedan ser analizados debidamente.