La reforma tiene como objetivo primordial promover un mayor uso de los medios alternativos frente al proceso judicial ordinario, caracterizado por la contención entre las partes. Va orientada a educar en el uso de procesos colaborativos, sin descuidar la necesidad de la mejora continua de los procesos judiciales bajo el régimen tradicional. Y en esa línea se busca dotar de rango legal al Centro de Conciliación de Poder Judicial, que pasaría a llamarse Centro de Resolución Alternativa de Conflictos del Poder Judicial, posicionándolo como un centro especializado rector de la justicia alternativa, instando a las autoridades judiciales a privilegiar el uso de estos medios, sobre las formas tradicionales contenciosas de resolver conflictos, disponiendo la posibilidad de que las partes soliciten incluso la suspensión de la tramitación del proceso, para evaluar la viabilidad del uso de un proceso alternativo, que de realizarse y ser exitoso, produciría una terminación temprana del conflicto, con un efecto colateral de descongestionar al sistema judicial y garantizar, desde el Poder Judicial, la justicia pronta y cumplida que exige el Derecho de la Constitución.