Esta iniciativa de ley plantea un mecanismo de coordinación interinstitucional para que las actividades, obras o proyectos tramitados ante la SETENA y que deban gestionar una concesión de aguas, deban ser consultados en el AyA y en el SENARA. Esto, para que se pronuncien sobre las posibles afectaciones a los proyectos relacionados con el abastecimiento poblacional y a las posibles afectaciones a los mantos acuíferos, respectivamente.