Tiene por objeto autorizar a las entidades públicas a otorgar beneficios monetarios a los funcionarios públicos y/o ciudadanos que denuncien de buena fe y de manera sustentada y fundamentada cualquiera de los delitos contemplados en el Capítulo V de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N°8422 del 6 de octubre de 2004 y sus reformas, así como aquellos delitos cometidos contra los deberes de la función pública, según lo dispuesto por el Título XV del Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.