Esta iniciativa de ley tiene como antecedente el Expediente Nº 17.048 del Diputado José Merino Del Río y que retomamos en esta propuesta. El proyecto pretende la adición de un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se incluye como parte del deber de probidad, la prohibición a las jerarquías institucionales y en general al funcionariado público que no sea el técnico encargado, de intervenir indebidamente en el otorgamiento de ayudas o asistencia social que brindan las administraciones públicas. Asimismo, se les prohíbe realizar actos públicos de entrega de ayudas o beneficios sociales, con la finalidad de impedir que sean utilizados para conseguir apoyos electorales.