El propósito de esta ley es proteger aquellos bienes de cualquier naturaleza que hayan sido adquiridos con recursos públicos transferidos y/o girados por la Junta de Protección Social, los cuales atienden y resuelven las necesidades de poblaciones vulnerables de nuestra sociedad costarricense, los cuales no tienen, en realidad, la naturaleza de ser parte del capital social de alguna de las entidades beneficiarias. La presente ley, no tiene como objetivo justificar el accionar de las entidades beneficiarias de los recursos que recaba la Junta de Protección Social, sus adeudos o acciones judiciales en las que se puedan ver envueltas por su actividad. Sin embargo, tampoco está de acuerdo en que se puedan disponer de los bienes que se hayan otorgado por parte de la JPS, con el fin de cubrir incumplimientos por parte de las organizaciones beneficiarias ante terceras personas