Establece que la medida de amortización (reducción) de la pena de prisión pueda usarse hasta que la persona condenada cumpla dos terceras partes de la pena impuesta. Además, incorpora una modificación al régimen que regula actualmente esa amortización de la pena de prisión, para incorporar condiciones adicionales en casos de penas por delitos de violencia contra las mujeres en relación de pareja, delitos sexuales contra menores de edad, por los casos de corrupción que violan el deber de prioridad en la función pública, y crímenes de Delincuencia Organizada.