Busca atender la insuficiencia presupuestaria del Consejo, habilitando mediante una norma genérica que el Consejo Nacional de la Persona Joven, en la figura de su director, pueda presentar proyectos bajo la rectoría técnica, administrativa y financiera del CNPJ, a otras instituciones públicas y que estas, a su vez, queden autorizadas por ley y puedan financiar los proyectos presentados por el CNPJ, proyectos que deberán enmarcarse en el cumplimiento y desarrollo de la política aprobada por este mismo ente. Se trata aquí de hacer letra viva las aspiraciones que contiene ese instrumento visionario que es la Política Pública Nacional de Juventudes 2020-2025. Para ello, hay que abrir las compuertas legales necesarias para facilitar la cooperación interinstitucional, fundando esta cooperación en los propósitos y objetivos comunes que animan e informan al Poder Ejecutivo en su conjunto. Se establece, además, que estos proyectos deberán ser conocidos, estudiados y aprobados por la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Joven. Se sujeta también en esta propuesta de reforma a la ley, que los proyectos deberán tener indicadores de impacto, que orienten la formulación de iniciativas a futuro.