El objetivo que se persigue con esta reforma, además de incluir la protección de datos como derecho fundamental en la norma de máxima jerarquía del ordenamiento jurídico, es modificar el concepto de intimidad por el de vida privada, que como ha quedado acreditado en estos antecedentes es un concepto más amplio y que sigue el estándar de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, garantizar el control directo de la Sala Constitucional sobre el Derecho de Protección de Datos con respecto a la legislación y el resto del ordenamiento jurídico, como garante de las protecciones a los derechos fundamentales, en los términos previstos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.