El objetivo de este proyecto de ley es trasladarle al Gobierno Central una contribución solidaria obligatoria de los funcionarios del sector público. Pero no de una manera indiscriminada, sino equitativa aplicando una contribución a los pensionados y funcionarios que no están viendo amenazado su empleo, que no pertenecen a los estratos sociales de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad, por el contrario, recaería sobre aquellos que reciben una alta remuneración o pensión que supere un millón quinientos mil de colones. Esto, para liberar recursos de manera temporal y para el único propósito de atender los efectos de la pandemia del COVID-19.