El presente proyecto surge como un instrumento para suplir este vacío legal y aportar las herramientas y medidas necesarias, administrativas y sancionatorias, para la erradicación de toda práctica de juego ilegal. Siendo su objetivo la protección del bienestar social propulsado por las ganancias obtenidas de la venta de la lotería y adicionalmente, la seguridad de los usuarios y compradores, en aras de que los sorteos sean realizados dentro del margen de legalidad. Esta iniciativa regula el deber del Estado de asegurar que se cumpla el principio de exclusividad de la Junta de Protección Social con respecto a la implementación y administración de loterías y juegos de azar. Para ello, define responsabilidades concretas de diversos entes y órganos públicos, de carácter nacional y territorial, tendientes a prevenir las actividades clandestinas destinadas a promover juegos de azar. También nuevos tipos penales, acordes y proporcionales con la complejidad de la criminalidad asociada a la lotería ilegal y a la gravedad del daño que esta provoca en bienes jurídicos esenciales.