El proyecto de ley pretende promover la movilidad social y el acceso de las personas estudiantes que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema a la educación, mediante la asignación de becas para aquellos estudiantes que cursen niveles universitarios. Para ello, la propuesta se inspira en los principios de solidaridad y justicia, igualdad sustantiva, movilidad social, equidad de género, derechos humanos. Asimismo, define la población meta. El financiamiento se obtendría del 10% del superávit presupuestarios acumulados, libres y totales del Instituto Nacional de Aprendizaje, del Fondo Nacional de Becas, y del Instituto Mixto de Ayuda Social, del 25% del superávit presupuestario acumulado, libre y total del Ministerio de Educación Pública y el 0,10% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (FODESAF). Estos recursos constituirían un fondo especial de becas para lograr el objetivo señalado. Dicho fondo sería administrado por el Ministerio de Educación Pública, el cual tendría seis meses para organizar un comité para las evaluaciones de todos los solicitantes y para establecer un Sistema de Control Interno Financiero, a fin de contar con toda la documentación que soporte los montos de las becas otorgadas. Para la redistribución de los recursos del FODESAF se plantea una reforma y una adición de incisos k) y p), respectivamente, del artículo 3 de la Ley Nº 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de 23 de diciembre de 1974 y sus reformas. Esta es una iniciativa ciudadana de Nora González Chacón y otras personas.