La reforma al artículo 75 propuesta en esta iniciativa de ley pretende establecer a nivel constitucional la función del Estado únicamente como garante de un principio de los derechos humanos, como lo es la libertad de culto, lo cual permitiría cumplir a cabalidad el artículo 33 de la Carta Magna, pues la protección de la libertad de religión mediante la proclamación del principio de laicidad estatal, sirve no solo para describir aquel estado de casos en los cuales existe una separación absoluta entre las iglesias y los estados, sino también para evitar cualquier tipo de valoración, positiva o negativa, sobre cualquier expresión o manifestación religiosa.