La iniciativa propone que todas las instituciones del Estado que otorguen premios, galardones, honores, distinciones o cualesquiera similares a personas físicas por su trayectoria cultural, científica, tecnológica, deportiva o cualquier otra índole; tendrán la obligación de no otorgarlo a la persona candidata que haya sido condenada judicialmente por haber cometido algún delito sexual. Asimismo, se deberán retirar tales reconocimientos a la persona galardonada que, mediante sentencia judicial firme, sea declarada culpable de cometer algún delito sexual.