El proyecto propone que las ventas de productos agropecuarios orgánicos, así como las importaciones o compra local de la maquinaria, equipo, materias primas, insumos y los servicios necesarios para la producción orgánica, que se realicen dentro del territorio nacional, trazable hasta su puesta a disposición al consumidor final dentro del marco regulatorio y que se encuentren debidamente registrados y certificados ante la autoridad correspondiente, estén gravadas con un 1% del impuesto al valor agregado.